Vie, 25 May 2018 | 8:08 hs.

[ 09.01.2018 08:35 ]  » 

La policía quiere jugar al Gran Bonete

 El juez federal Sergio Torres dictó la falta de mérito y liberó al policía Dante Barisone y denunció por encubrimiento y falso testimonio a los superiores que se desdijeron luego de haberlo identificado como el autor del hecho.

 El policía acusado de haber pasado con su moto por encima del cartonero Alejandro “Pipi” Rosado el día de la última movilización contra la reforma previsional fue beneficiado con “falta de mérito” y quedó en libertad por decisión del juez federal Sergio Torres después de una semana detenido. Se trata de Dante Barisone, cuyo nombre había sido entregado por el Ministerio de Seguridad en base a un informe de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Federal tras una intimación del juzgado. No es que Barisone no tenga nada que ver con el hecho, eso aún está por verse, sino que los policías que en un comienzo lo habían identificado en el informe administrativo como el protagonista de la agresión contra Rosado se desdijeron cuando fueron citados a declarar en la causa como testigos. “Yo no di certezas”, dijo uno de ellos, el comisario Oscar Hipólito, que es el jefe del Grupo de Operaciones Motorizadas de la Federal (GOMF). “Sólo deduje que podía ser él por la contextura física que vi en la filmación que está en youtube”, afirmó el oficial Gabriel Ortega, que estaba a cargo de uno de los grupos de motos que estaba sobre la calle Hipólito Yrigoyen. Torres no les creyó y los denunció por posible encubrimiento y entorpecimiento de la identificación del personal involucrado. Pero a la vez evaluó que, ante las inconsistencias, se quedó por el momento sin elementos para mantener preso al policía: no se pudo establecer ni siquiera el número de chapa de su moto y hay dudas sobre si estaba a la vista u oculto. La querella acusa a la cartera de Patricia Bullrich de mentir pero a la vez responsabiliza al juez “por permitir el entorpecimiento”.

Torres tiene a cargo la causa donde se investigan distintos tipos de hechos vinculados a la movilización del 18 de diciembre contra la reforma previsional. Una parte del expediente está enfocada en manifestantes que, según el juzgado, agredieron e hirieron a policías, como César Arakaki, del Partido Obrero, que está detenido, y Sebastián Romero, que está prófugo; otra parte analiza si las casi 70 detenciones que hubo ese día tuvieron algún sustento o si fuero ilegales; y otro tramo alude a la responsabilidad de agentes en agresiones a personas que participaban de la protesta o que estaban en la zona de la movilización, como el caso de Rosado, que estaba trabajando, en la búsqueda de papel blanco por la calle. La imagen del cartonero arrollado con saña por una moto policial se viralizó y la gravedad del caso quedó sellada en las heridas que tuvo el chico de 19 años, que estuvo varios días internado, con heridas graves y una quemadura del caño de la moto. Por eso, aún antes de saber quién era el policía motorizado que lo aplastó, Torres dispuso la detención por anticipado y le dio 24 horas al Ministerio de Seguridad para que le dijera el nombre. La rapidez de la respuesta sorprendió dentro y fuera de tribunales. Desde la fuerza le informaron al juzgado que se trataba de Barisone y que se pondría a disposición. Primero fue una comunicación informal, y luego con un reporte de Asuntos Internos.

“Nosotros desde un primer momento advertimos el riesgo para las garantías del proceso de que un mismo juez investigue a los manifestantes y a los policías. No se les puede aplicar la misma vara, son responsabilidades distintas. La de un policía siempre es agravada por su función. El caso de Alejandro Rosado es una tentativa de homicidio agravado. Sin embargo, no hay ni un policía preso, y sí hay manifestantes detenidos”, cuestionó la abogada Gabriela Carpineti, de la CTEP, que patrocina al joven gravemente herido. “Aportamos una docena de testigos, primero ante Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional) y luego en el juzgado. El problema es que el Ministerio de Seguridad entorpeció, mintió, y el juez Torres dejó que eso sucediera, y ahí es donde hay riesgo de impunidad para la fuerza. El deber de investigar es del juez. Es correcto que haya hecho la denuncia. Ahora hay un conjunto de medidas que deben seguir produciéndose”, agregó Carpineti.

El sumario administrativo policial que está en poder del juez Torres dice que un principal de Asuntos Internos se puso en contacto con el jefe del GOMF, el comisario Hipólito, y que éste le dijo que como era un tema tan trascendente, que aparecía en filmaciones y estaba en todos los medios, ya se había puesto a juntar información antes de que se lo pidieran. Así fue como consultó, según figura en esas actuaciones internas, y verificó que en Hipólito Yrigoyen y Tacuarí había estado el GOMF número 1. En el sondeo interno le hablaban de Barisone. Cada grupo está formado por cinco motos y diez efectivos. Consultó al principal Ortega, que había estado a cargo de esas motos, y éste le dijo que por las averiguaciones que había hecho se trataba de Barisone. Con esa información el juez mandó a concretar la detención.

El policía acusado prestó declaración indagatoria el 29 de diciembre y dejó boquiabiertos a los investigadores cuando les dijo que no se veía a sí mismo en las imágenes pero que tampoco podría decir quién era la persona que pasaba por encima de Rosado. Intentó zafarse con el argumento de que se sentía mal, que llevaba 48 horas de trabajo, que tenía sueño y hambre, había sufrido un desgarro en medio de la represión y la moto andaba zigzagueando. Además se quejó de que, como es nuevo, le habían dado “la peor” moto. “Era la primera vez que iba a una movilización grande y estaba aturdido y gaseado por el gas lacrimógeno”, buscó victimizarse. “En ninguna de las fotos tampoco me veo”, insistió. Dio vueltas, pero en ningún momento negó ser el autor de las graves lesiones al chico. Ante esta situación, para hacer un cotejo, Torres decidió convocar a declarar como testigos a los policías que lo habían identificado en el procedimiento interno. El único que sostuvo su relato fue el policía a cargo de la investigación de Asuntos Internos.

Hipólito, que declaró el jueves último, cambió la versión que había dado a Asuntos Internos según la cual se había puesto a investigar apenas vio las imágenes de Rosado en los medios y comprendió la gravedad de la situación. Esta vez dijo que no supo qué había pasado hasta que lo consultó Asuntos Internos y que ni siquiera había visto el video viralizado. Las referencias a Barisone dijo que se las dio Ortega y que lo había identificado por “la contextura física” y en especial “la altura”. Cuando le preguntaron en el juzgado si a partir de esos datos que obtuvo tomó alguna medida para identificar al personal que conducía la moto dijo que no. Todo lo que informó, sostuvo, fue en base a lo que Ortega le había señalado. ¿Qué dijo Ortega? Que no podía determinar con certeza quién era el hombre de la moto ya que “el video no era nítido, pero por la contextura física de la persona que conducía la moto en cuestión, sería Dante Barisone (…) no lo aseveré, siempre hablé en potencial, le dije que sería Barisone, teniendo en cuenta la contextura física, no el rostro, porque era bajito”. Como se ve en las imágenes todos los agentes estaban con casco, no se les veía la cara y tenían trajes oscuros que los cubrían de pies a cabeza.

–Aunque estaba sentado en la moto ¿fue la única característica (la estatura) que le permitió identificar a Barisone?- le preguntó a Ortega un secretario del juzgado.

–Sí –sorprendió el policía. Luego agregó que se enteró de la detención al día siguiente, cuando fue a trabajar.

Torres decidió dictarle falta de mérito a Barisone, lo que implica que queda en una situación intermedia: ni procesado ni sobreseído. Planteó que no podía quedar detenido por el estado de duda que generaban las declaraciones de los policías. Ayer, además, decidió hacer lo que en la jerga jurídica se llama “extraer testimonios”, que quiere decir hacer una denuncia penal, en este caso contra el comisario Hipólito y el oficial principal Ortega, por posible encubrimiento, lo que incluiría un intento de entorpecimiento y presunto falso testimonio.

Torres le pidió un nuevo informe al Ministerio de Seguridad. Uno de los problemas para saber quiénes son los policías agresores es la ausencia de identificación. Ya sea porque tienen una numeración que no está a la vista o porque tienen, algunos, la patente tapada o camuflada, o no la tienen. El informe policial decía que Barisone había usado la moto número 3333, pero el agente dijo que no era esa sino la número 1625. Lo cierto es que, hasta ahora, por las imágenes ese dato no fue corroborado.

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